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Revista Panamericana de Salud Pública

Print version ISSN 1020-4989

Rev Panam Salud Publica vol.19 n.6 Washington Jun. 2006

http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49892006000600008 

INSTANTÁNEAS

 

Evaluación de dos intervenciones dirigidas a fomentar el parto atendido en centros de salud en el Perú

 

 

Entre 1992 y 1997 se pusieron en marcha grandes reformas para lograr la descentralización del sector de la salud en el Perú. Esas reformas fueron criticadas por provocar el aumento de las desigualdades relacionadas con la salud, especialmente en la utilización de hospitales. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en sus ediciones de 1996 y 2000, documentó la disminución del número de partos atendidos por médicos en la población rural y de bajo nivel educacional en ese período. Para corregir esa tendencia, el Ministerio de Salud del Perú llevó a cabo varias intervenciones de tipo mater-noinfantil. En este artículo se analizan dos de ellas, muy distintas entre sí, dirigidas a promover la atención del parto en centros de salud del Perú. Para ello se realizó un estudio cuasiexperimental dirigido a conocer las preferencias de las propias mujeres expuestas a esas dos intervenciones.

La primera intervención, denominada Proyecto 2000, comenzó en 1996 y abarcó los 12 departamentos peruanos con mayor mortalidad materna. El objetivo del Proyecto, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fue aumentar la proporción de los partos atendidos en centros de salud y de esta forma reducir la mortalidad materna y el número de partos con desenlaces negativos. El proyecto comenzó con la educación y movilización social de la población y llamó mediante los medios de comunicación masiva a que las mujeres dieran a luz en los centros de emergencia obstétrica (CEO). Su principal finalidad fue, sin embargo, mejorar la calidad de los servicios.

La segunda intervención, denominada Programa de Seguro Materno-infantil (SMI), se puso en marcha en 1998. Este programa cubría la mayor parte de los costos de salud de madre hijo, entre ellos el parto en un CEO. Solo las mujeres ubicadas en el quinto más pobre de la población podían participar. Ya en el año 2000, este programa beneficiaba a 50% de las familias con derecho en las dos regiones en que se realizaron las pruebas piloto y al año siguiente se extendió a todo el país.

Ambos programas seguían estrategias diferentes: mientras que el Proyecto 2000 estaba orientado a brindar una atención de mayor calidad en los distritos de alto riesgo y se centraba en instalaciones específicas de CEO y en las comunidades circundantes, el programa SIM estaba enfocado hacia las familias más pobres del país.

Después de controlar los resultados según el nivel económico de las familias, se comprobó que las madres participantes del Proyecto 2000 estaban más dispuestas a dar a luz en un CEO público que las que no participaban. No obstante, el programa SIM tuvo un mayor impacto directo en el comportamiento de las futuras madres, ya que al reducir los gastos de bolsillo por el uso de los CEO, elevó la proporción de partos en instituciones médicas. El componente de interacción fue insignificante, lo que demuestra que a pesar de que ambos programas estaban dirigidos a la misma población, cada uno funcionó independientemente del otro.

Si bien el Proyecto 2000 mejoró la calidad de la atención médica brindada, no logró aumentar el número de partos realizados en los CEO. Por su parte, el programa SIM tuvo un impacto temporal que duró mientras se mantuvo el apoyo financiero, lo que demuestra que el costo de los servicios era la principal barrera que impedía el uso de los CEO. El principal inconveniente de estas intervenciones subsidiadas es que por lo general no son sostenibles, especialmente en los países pobres.

Aunque las mujeres más pobres se beneficiaron de ambas intervenciones, los factores de riesgo siguieron teniendo su efecto negativo en todos los modelos, lo que demuestra que ninguna de las dos logró reducir significativamente las desigualdades socioeconómicas o étnicas que obstaculizaban el uso de los CEO. (McQuestion MJ, Velásquez A. Evaluating program effects on institutional delivery in Peru. Health Policy. 2006;77(2):221–32.)