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Salud Colectiva

On-line version ISSN 1851-8265

Salud Colectiva vol.3 n.1 Lanús Jan./Apr. 2007

http://dx.doi.org/10.1590/S1851-82652007000100001 

EDITORIAL

Algunos dilemas y desafíos para la Universidad

Some dilemmas and challenges for the University

En el 2004, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió las "Primeras Jornadas de Reflexión sobe la Educación Superior en la Argentina", en el marco de su reunión plenaria ordinaria que se realizó hacia fines del mes de agosto de ese año, en la Universidad Nacional de Tucumán. Como producto de los análisis y discusiones que merecieron dichas jornadas, se elaboró y aprobó por el conjunto de los Rectores de las Universidades Nacionales una Declaración (conocida como la Declaración de Horco Molle). En el documento se afirma que:

Los altos niveles de pobreza y de población socialmente excluida en la Argentina, así como la imperiosa necesidad de reconstruir la economía y los lazos sociales, constituyen una dimensión fundamental que debe incidir con particular énfasis en la definición de políticas educativas, científicas y tecnológicas para los próximos años. Al respecto, la universidad debe incrementar su contribución al cambio socioeconómico, con justicia social e igualdad de oportunidades y promover un proyecto de desarrollo sustentable.

De ahí que se asuma, entre otros propósitos, afianzar una universidad inclusiva, con un rol protagónico para que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente, así como mejorar las condiciones y estrategias institucionales para facilitar el tránsito del nivel medio a la universidad, los procesos de aprendizaje, la calidad de la formación, el progreso en los estudios y la graduación. Si bien estos objetivos enunciados no agotan todos los que formula el documento, quiero hacer particular referencia a los señalados, porque de ellos derivan principales desafíos y dilemas para nuestras universidades.

En las últimas décadas se registra un considerable incremento de la matrícula universitaria y todo indica que aún por algunos años habrá una creciente demanda por los estudios universitarios, particularmente en aquellas ciudades donde hay escasez en la oferta de este tipo de servicios educativos. Un desafío para la universidades públicas consiste en cómo pueden responder a dichas demandas, sin competir con ofertas académicas que superponen recursos -ya de por sí escasos- y generan a veces rivalidades innecesarias entre ellas. Debe señalarse, además, que en los últimos años se han elaborado propuestas de creación de nuevas universidades nacionales que, en algunos casos, implican la fragmentación de universidades existentes, sin que éstas hayan sido consultadas y prestado acuerdo desde sus máximas instancias de gobierno. También hay otras propuestas, que propenden que cada ciudad o municipio cuente con una universidad nacional. Debe reconocerse que tal tipo de proyectos persiguen responder a legítimas demandas de estudios universitarios para sectores de la población en territorios hasta ahora privados de los mismos, lo que no implica la viabilidad de todo tipo de propuestas, especialmente si conlleva violentar los patrimonios y actividades de universidades ya existentes. Ante esta situación el CIN, en su última reunión plenaria, realizada en la Universidad Nacional de San Luis los días 28,29 y 30 de marzo del año en curso, resolvió elaborar y desarrollar un Programa de Articulación y Cooperación entre las Universidades e Institutos Universitarios Nacionales, para la instalación y desarrollo de actividades y programas en regiones carentes de estos servicios educativos, solicitando a la Secretaria de Políticas Universitarias un apoyo financiero para tales fines. El desafío no es menor, por las implicaciones que conlleva a nivel del uso de recursos, de planes y programas de estudios, de las evaluaciones y acreditaciones, etc. Pero, al mismo tiempo, constituye una excelente oportunidad para reflexionar sobre la organización y normativas del ¿sistema? de educación superior y generar propuestas de acción innovadoras.

Es difícil sostener que ya no deben crearse más universidades nacionales, esto es, financiadas con presupuesto público. Pero sí puede señalarse que las que han sido creadas en las dos últimas décadas han sobrellevado con dificultad la escasez de recursos presupuestarios propios de esta época. La crisis vivida en nuestro país a principios de la década, con orígenes en la inmediata anterior, ha planteado múltiples desafíos para las mismas. Si bien el Estado ha generado programas de apoyo para todas las universidades, en términos de desarrollo y ampliación de infraestructura, de incentivos a la investigación, de subsidios para el desarrollo científico-tecnológico, de articulación entre la escuela media y la universidad, etc., las nuevas universidades han tenido que redoblar esfuerzos para obtener recursos que le permitan solventar los nutrientes básicos de su desarrollo y acrecentar cantidad y calidad de sus actividades sustantivas. En el caso de la UNLa., debe señalarse que la evaluación externa de la CONEAU destacó el crecimiento de los recursos propios a partir de la crisis antes mencionada. Dicho crecimiento no ha dejado de lado el desafío de concebirse como un servicio público, abierto y atento a las necesidades sociales, con disposición para el trabajo cooperativo con agencias estatales y organizaciones no gubernamentales. Al mismo tiempo, esta situación favorece condiciones para pensar e implementar nuevas formas de gestión y producción académicas. En este contexto, puede señalarse un doble desafío para nuestra universidad: por un lado, proseguir garantizando una formación de calidad en grado y posgrado e incrementar las actividades de investigación referidas a problemas sociales; por el otro, que tales actividades investigativas contribuyan a nuevas textualizaciones de la realidad, es decir, a perfilar nuevos campos epistemológicos a recorrer.

Lograr una universidad más inclusiva no es un desafío menor, a la par que genera más de un dilema. Uno de ellos consiste en cómo incluir y cómo retener a quienes eligen cursar estudios universitarios, máxime cuando muchos aspirantes provienen de poblaciones con escasa posesión de bienes culturales y desfavorables condiciones socioeconómicas, sin que ello conlleve desmerecer la calidad de la educación que se brinda. Más allá de las discusiones acerca de la legitimidad, validez y confiabilidad de los distintos cursos y exámenes de ingreso, debemos agregar como problema y como desafío el considerable desgranamiento -cuando no abandono- que se registra durante el primer año de estudios universitarios. Probablemente haya que pensar en distintos tipos de ingresos a la universidad, según perfiles de los aspirantes, concibiéndolos en algunos casos más como procesos que como instancias únicas y determinantes de incorporación o exclusión. Al mismo tiempo, en la medida que el ingreso no garantiza "per se" la permanencia y mucho menos el egreso de la universidad con una formación de calidad, deben repensarse los trayectos curriculares y los tipos de actividades del trabajo académico. Las deficiencias en lecto-escritura, en matemáticas, en historia patria, en cultura general, que aqueja a la mayoría de los aspirantes, sugiere que trayectos curriculares comprimidos en cuatro años, con una considerable multiplicidad de asignaturas que suponen la disposición de un capital básico en esos conocimientos, pueden contribuir a agravar los síntomas de dichas carencias y generar tempranamente fracasos en los estudios. Hay que subrayar que una efectiva inclusión no se cumple solamente con asegurar el ingreso del aspirante y su permanencia (que no es una cuestión menor), sino también con el egreso de la universidad con un título de pregrado o grado. Los datos al respecto no son muy satisfactorios e indican la necesidad de prestar particular atención a las diversas causas que inciden para que, pese al incremento de la matrícula universitaria, no haya un aumento correlativo en la tasa de egresados de universidades nacionales.

Desde el Estado, más precisamente desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica, se ha instalado con una cierta premura, la necesidad de abocarse a la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Educación Superior. Probablemente sea necesario reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos devenidos de la aplicación de la ley vigente, pero puede orientar a los análisis y reflexiones para tal cometido, trazar el boceto sustantivo de un proyecto nacional que propicie la prosperidad con equidad, la justicia social y la ciudadanía plena para todos sus habitantes; que identifique las principales políticas de Estado que su desarrollo requiere; que señale cuáles son las principales prioridades a las que debe responder el sistema educativo y, particularmente, las universidades e institutos universitarios nacionales. De no ser así, se corre el riesgo de que esa nueva ley no contribuya, más que la vigente, a asumir y resolver los desafíos y dilemas que confronta la universidad pública en nuestros tiempos.

Juan Carlos Geneyro

Profesor titular regular de Filosofía de la Educación y Teoría de la Educación
Vicerrector, Universidad Nacional de Lanús