RESEÑA

La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de Salud Pública. La violencia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida, pero tanto esta como sus consecuencias se pueden prevenir o atenuar a través de medidas sistemáticas basadas en evidencia científica, entre las que se encuentra garantizar una respuesta integral, multidisciplinar y de calidad de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, entre ellos los servicios sanitarios.

En España, las cifras oficiales provienen del Registro Unificado de Maltrato Infantil, que en 2021 registró 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños, niñas y adolescentes (NNA) ¹1 Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 24. Datos 2021. [Internet]. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; 2022. Disponible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/8071_d_Boletin_24_proteccion.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/... . Sin embargo, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado.

En 2021 se aprobó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) ²2 Jefatura del Estado. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia [Internet]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/... , que persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de NNA y teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud. Dicha ley, en relación al ámbito sanitario, promovió la creación de la Comisión frente a la Violencia Sanitaria en el Consejo Interterritorial de Salud y estableció como primera acción la elaboración del Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia ³3 Ministerio de Sanidad. Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia (2023). [Internet]. Madrid; 2023. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/docs/Protocolo_comun_sanitario_violencia_infancia_adolescencia.pdf
https://www.sanidad.gob.es/areas/promoci... , que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 30 de abril de 2024 y que será presentado oficialmente en una jornada que tendrá lugar en el Ministerio de Sanidad el próximo 11 de junio de 2024 ⁴4 Jornada de Presentación del Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia. [Internet]. Madrid; 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/jornadas/protocoloComun_ActuacionSanitaria_frente_ViolenciaInfanciayAdolescencia.htm
https://www.sanidad.gob.es/areas/promoci... . Su objetivo es homogeneizar la respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional y sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia, desde una perspectiva de equidad, accesibilidad, no discriminación y curso de vida. Está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales o no asistenciales, así como también a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios.

El protocolo comienza con la promoción del buen trato, a través de la identificación de los determinantes sociales para contribuir a promover entornos seguros y saludables, pero también para actuar a nivel individual informando y capacitando a las personas responsables del NNA sobre cuáles son y cómo satisfacer sus necesidades para lograr un desarrollo integral y saludable en cada etapa del desarrollo.7

Continúa con la prevención de la violencia desde el ámbito sanitario, pretendiendo reducir la prevalencia de factores de riesgo a través de la valoración del riesgo psicosocial, que incluye la valoración tanto de las experiencias adversas y beneficiosas en la infancia, visibilizando y valorando las vulnerabilidades y fortalezas del NNA y su entorno, así como facilitando la identificación precoz de situaciones de riesgo de violencia y la puesta en marcha de los apoyos necesarios para corregir o atenuar estas situaciones de riesgo de una manera integral y coordinada.

Los servicios sanitarios son un ámbito privilegiado para la detección precoz de las situaciones de violencia contra NNA, debido al contacto frecuente y cercano con estos y sus familias. Para que esto sea posible las/los profesionales del ámbito sanitario deben estar formados en la detección de indicadores de sospecha, recogidos en el Protocolo. Además, una vez confirmada la sospecha, se ofrecen recomendaciones para elaborar una minuciosa historia clínica y social, así como para realizar un diagnóstico diferencial preciso que la descarte o confirme. Si la sospecha se confirma se recogen las pautas básicas para realizar una valoración, tanto de la gravedad clínica de las lesiones y del riesgo vital que éstas conllevan como de la seguridad o riesgo de desprotección del NNA.

Todo el proceso de detección, valoración, atención, seguimiento y recuperación a NNA víctimas de violencia ha de ser realizada por un equipo compuesto, al menos, por profesionales de Medicina, Enfermería y Trabajo social sanitario, en colaboración con otros/as profesionales o unidades especializadas, especialistas forenses, de psicología y/o del ámbito de la protección y la justicia, cuando proceda.

También se detalla el proceso de notificación, incluyendo cuándo, a quién y cómo se debe realizar para cumplir con el deber de comunicación cualificado que está establecido en la LOPIVI.

En cuanto a la intervención y seguimiento, se establecen recomendaciones esenciales para brindar atención terapéutica integral, multidisciplinar y especializada en espacios amigables, que, con independencia del proceso judicial que pudiera derivar de los hechos, debe ser pública, gratuita y universal, así como cumplir con la legislación correspondiente, teniendo además en cuenta que para un abordaje integral de la violencia es necesario establecer canales de comunicación y coordinación, tanto dentro de las instituciones sanitarias como entre ellas y con otras instituciones que participan en el proceso (servicios sociales municipales, entidades de protección a la infancia, instancias judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones educativas, asociaciones y activos comunitarios).

Por último, este Protocolo prevé la monitorización y evaluación, tanto de la implementación como de los resultados obtenidos, en materia de calidad asistencial, protección y recuperación de proyectos vitales.

BIBLIOGRAFÍA

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